MSA-AUI-02-045-2021
Santa Ana, 14 de Setiembre 2021


Señores 
Junta Directiva 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
(CCDRSA)

Asunto: Advertencia sobre evitar conductas que 
representen un riesgo potencial de conflictos 
de interés, por parte de miembros de la Junta 
Directiva del CCDRSA.

Estimables señores:
De acuerdo con las competencias otorgadas a las Auditorías Internas en el artículo 22 inciso d) 
de la Ley General de Control Interno N O 8292, se tiene el deber de advertir a la administración 
sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.
Conforme a lo anterior se procede a emitir la siguiente advertencia con respecto al potencial 
conflicto de intereses, detallando la advertencia, consecuencias y sustento jurídico.
a)	DETALLE DE ADVERTENCIA
Se les advierte a los miembros de Junta Directiva del CCDRSA, que en su condición de 
funcionarios públicos, deben evitar la eventualidad real o potencial de un conflicto de interés 
y que es su deber abstenerse de participar en la toma de aquellas decisiones, en las que pueda 
haber un conflicto de intereses, con motivo de su cargo. De tal forma, que deben inhibirse de 
conocer y votar temas relacionados con organizaciones en las que participan o hayan 
participado, inclusive de evitar influir en la conducta de otro servidor público, en el tanto 
mantenga una vinculación, asesoría, intereses o intervención en favor de alguna asociación 
deportiva en particular y que tenga relación contractual o convenio con el Comité Cantonal de 
Deportes de Santa Ana.
Asimismo, la Junta Directiva, como órgano colegiado y máximo Jerarca está llamado a 
establecer los mecanismos de control interno necesarios, con el fin de evitar que se presenten 
conductas que representen un riesgo potencial o real de conflictos de intereses.
b)	CONSECUENCIAS
Caer en conflictos de intereses por participar activamente en toma de decisiones relacionadas 
con organizaciones en la que se participa actualmente o hayan participado, puede generar 
eventuales procesos administrativos sobre causales de responsabilidad administrativa, civil y/o 
penal y potenciales sanciones establecidas en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
ilícito en la Función Pública No. 8422 y demás normativa aplicable.


c)	SUSTENTO JURÍDICO
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública NO 8422
Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 
gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, 
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de 
las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos 
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.”(Resaltado no es del original)
Criterios de Contraloría y de la Procuraduría General de la Republica
(Dictamen Procuraduría General de la República N° C-181-2009 del 29 de junio del 2009)
En cuanto a una definición del término conflicto de intereses, se ha señalado que el 
conflicto de intereses involucra un conflicto entre la función pública y los intereses privados 
del funcionario público, en el que el funcionario público tiene intereses de índole privada 
que podrían influir de manera inadecuada en la ejecución de sus funciones y la 
responsabilidad oficial. (definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OECD).
(Dictamen Procuraduría General de la República.n.° C-153-2008 del 8 de mayo del 2008)
Principio de imparcialidad es un principio constitucional de la función pública, fundamental para 
satisfacción del interés general.
“(…) Igualmente cobra importancia recordar que la imparcialidad que debe regir la 
actuación de todo funcionario público constituye un principio constitucional de la función 
pública, que es fundamental para lograr la satisfacción de las necesidades públicas a 
través de conductas objetivas que permitan la prestación del servicio de manera eficaz y 
continua para la colectividad, e igualmente garantice la transparencia de la función 
pública, de tal modo que la voluntad del servidor no se vea indebidamente desviada por la 
interferencia de un interés de carácter personal en el asunto que le corresponda conocer y 
resolver. (…)”.
Contraloría General de la República Oficio N° 217 (DJ-0039-2011) del 17 de enero de 2011)
“El funcionario público debe evitar colocarse en un conflicto de intereses.
   
(...) el funcionario público que administra, dirige y representa la función pública es el 
primero llamado a evitar la eventualidad del conflicto de intereses –potencial o real- , por 
lo que ante una situación que pueda generar este choque entre el interés público y sus 
intereses personales está llamado a declinar su participación –si ello es realmente lo que 
procede de conformidad con el carácter restrictivo con el que se han de interpretar estas 
causales de impedimento, excusas o recusaciones- con miras a la consecución de un 
ejercicio de la función pública totalmente transparente y objetivo. Lo anterior lo lleva 
también a la obligación de abstenerse de todo tipo de actuación que conlleve a 
influenciar la conducta de otro servidor público para la consecución de un interés propio 
o de un tercero a quien quiera beneficiar.” (Resaltado no es del original)




Sin más


Mario Chan Jiménez
Auditor Interno


 
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